La condición de apátrida puede afectar a las personas desde su nacimiento, o darse a lo largo de la vida, debido a numerosas circunstancias, desde la sucesión de estados, pasando por la discriminación hacia determinadas comunidades de personas, hasta incompatibilidades entre las leyes de nacionalidad y los procedimientos administrativos. Para algunas personas, el reconocimiento de su estatuto de apatridia puede ser la única manera de regularizar su situación y existir legalmente en el país en el que llevan toda su vida, como en el caso de Salka.
Solicitar ser reconocida como apátrida nunca fue una cuestión que ella considerara necesaria. Salka, refugiada saharaui, ha crecido y lleva viviendo la mayor parte de su vida en Tolosa, País Vasco. Al finalizar sus estudios secundarios tuvo la oportunidad de continuar con sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde se ha graduado en Relaciones Internacionales y Recursos Humanos. Siendo titular de un pasaporte expedido por Argelia para personas refugiadas saharauis de los campamentos de su territorio, Salka, a pesar de haber podido obtener un visado válido para cursar sus estudios, debía regresar cada año a España para la renovación de su permiso de residencia, lo cual suponía un gasto adicional económico significante. Tanto, que un año Salka se encuentra con el dilema de tener que decidir si viajar a España o cubrir los costes del siguiente semestre. Y queriendo aprovechar al máximo la oportunidad que se le había dado, decide quedarse para finalizar su carrera.
Tras la elección de Donald Trump como presidente y debido, principalmente, al aumento de tensiones sociales, religiosas y sociales en el Estado de Wisconsin, donde había realizado sus estudios, Salka decide regresar a España. Y una vez de vuelta en Tolosa, Salka se encuentra con que no puede renovar su permiso de residencia ni trabajar legalmente, a pesar de haber tenido estos derechos durante los años anteriores.
No habiendo otra alternativa, Salka decide solicitar el reconocimiento de su estatuto de apátrida, una opción por la que se decantan muchas personas refugiadas saharauis en España, pero que no está exenta de dilemas internos relacionados con la lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental. “Cuando solicitas el reconocimiento del estatuto de apátrida, en las comisarías de policía no tienen mucha información, ni para las personas que vienen a solicitar, ni para el propio personal. Te dan una cita. Esperas. Traes la documentación. Esperas. Al cabo de unos meses te ponen un sello. Vuelves a esperar. Y así, dos años de tu vida, esperando, sentada”, relata Salka. “Si no tuviera familia aquí, no sé cómo hubiera sobrevivido estos dos años. Y a la vez te sientes impotente, dos años sin poder hacer nada, viviendo en casa de tus padres sin poder contribuir”. El documento de solicitante del estatuto de apátrida en España, conocido también como “tarjeta verde” no permite a las personas apátridas trabajar hasta que no se resuelva la solicitud, a diferencia de las personas que solicitan protección internacional, que obtienen la autorización para trabajar tras los seis meses de haber formalizado su petición. Además, dada su particular situación, Salka tampoco no cumplía con los criterios para acceder al programa de acogida de protección internacional, ni a la mayoría de las ayudas sociales previstas para colectivos vulnerables.
"Cada semana, durante un año, me desplazaba a la comisaría para preguntar si ya tenían resuelta mi solicitud. Para mí era una cuestión de suma importancia, para ellos era una molestia [...] Me planté en la oficina y dije que necesitaba ser identificada ya, que no podía seguir viviendo sin ningún documento. Que, si me moría allí mismo, no sabrían ni quien soy para enterrarme. Y dos semanas más tarde me dieron una cita para la toma de huellas y la expedición de la tarjeta verde."
Una de las recomendaciones políticas que realiza la Red Europea sobre Apatridia en el marco de la campaña Desplazamientos Apátridas (Stateless Journeys) es el derecho a que las personas sean documentadas como solicitantes del estatuto de apátrida, una cuestión que, a pesar de estar prevista en el reglamento actual, no es de obligatorio cumplimiento, y, por consiguiente, no garantiza la permanencia de las personas apátridas en el territorio durante el tiempo de la solicitud. Además, se han detectado prácticas diferentes dependiendo de la oficina en la que se tramita, por lo que el acceso a este derecho puede considerarse arbitrario y dependerá del personal de atención y de la paciencia e insistencia de la propia persona solicitante. “Cada semana, durante un año, me desplazaba a la comisaría para preguntar si ya tenían resuelta mi solicitud. Para mí era una cuestión de suma importancia, para ellos era una molestia”, explica Salka. “Ya viene la de la apatridia” es una frase que lamentablemente no solo ella ha tenido que oír en las dependencias policiales. Cansada de la situación, un día decide dar un ultimátum. “Me planté en la oficina y dije que necesitaba ser identificada ya, que no podía seguir viviendo sin ningún documento. Que, si me moría allí mismo, no sabrían ni quien soy para enterrarme. Y dos semanas más tarde me dieron una cita para la toma de huellas y la expedición de la tarjeta verde”.
Cuenta Salka que en la oficina donde realizó el trámite, la toma de huellas se produce en un espacio subterráneo, junto a los calabozos. “Como si fuera algo criminal”, añade. Y no es la única persona que, lamentablemente, ha sido víctima de situaciones discriminatorias en el marco de este procedimiento administrativo. “Es increíble todo lo que puedes llegar a oír en una sala de espera de las oficinas de gestión o la policía. En una ocasión presencié cómo una funcionaria comentaba sobre una señora mayor y su acompañante, ambas saharauis, que habían venido a por su título de viaje para disfrutar de unas vacaciones pagadas por España. Si estas personas conocieran y entendieran bien nuestra realidad, no estarían hablando así de la gente desplazada”.
La comunicación sobre la resolución de expedientes de reconocimiento del estatuto de apátrida también necesita mejorar. Salka comenta que, “si no eres proactivo y preguntas tú mismo, pueden pasar meses hasta que te enteras de que tu solicitud ya está resuelta. En mi caso, mi solicitud llevaba ya un mes aprobada hasta que llegó la notificación a mi comisaría. Pero la notificación no es el paso final. Luego tienes que pedir una cita para la tramitación de la tarjeta de identidad de extranjero, para lo que tienes que esperar aproximadamente un mes. Y después, un mes más para tramitar el título de viaje. Es decir, más meses sentada”.
"El estatuto de apátrida, en teoría, viene a dar derechos, pero me pregunto qué derechos y libertades está dando de verdad, más allá de lo fundamental, que es ser identificado y poder quedarte en el país que ya te estaba acogiendo."
Después de dos largos años de espera, Salka tiene concedido el estatuto de apátrida, y vuelve a existir, con una documentación que le permite seguir residiendo en España y trabajar en el territorio, pero no en otros países de la Unión Europea, como sí pueden hacer los nacionales. “Aquí encuentro trabajos, pero no de mi especialidad, y me encantaría poder poner en práctica lo que aprendí en la universidad. Me llegan ofertas de trabajos que supondrían una importante mejora en mi carrera profesional, pero debo rechazarlos, porque mi situación administrativa no me lo permite. Tampoco me permite mejorar mis aptitudes: en Estados Unidos estudié alemán durante tres años y quería ir a Alemania a hacer un curso intensivo de seis meses para mejorar mi nivel, pero con mi documento de apátrida solo puedo permanecer allí tres meses, como si fuera una turista extracomunitaria. El estatuto de apátrida, en teoría, viene a dar derechos, pero me pregunto qué derechos y libertades está dando de verdad, más allá de lo fundamental, que es ser identificado y poder quedarte en el país que ya te estaba acogiendo”.
A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida aquí, según el reglamento actual, Salka debe esperar ahora diez años para poder solicitar la nacionalidad española por residencia. “En la escuela tenía dos amigas, una argentina y otra de Ecuador. Nos consideraban extranjeras a las tres, pero ellas pudieron ir a los viajes de fin de curso y yo no, porque pudieron obtener la nacionalidad española al cabo de dos años, por la relación histórica de España con sus países de origen. ¿Es que el Sáhara Occidental no tiene relación histórica con España? Es una medida racista y discriminatoria. Se obvia una parte de la historia muy importante, como si el Sáhara Occidental fuera un bastardo, un hijo no reconocido por España. Pero la realidad es clara: el Sáhara fue la provincia número 53 de España, y yo debería tener derecho a ser considerada tan española como las demás”.
Ser consciente, desde temprana edad o ya de adulto, de las diferencias que te separan de otras personas, de los límites que se han interpuesto a tus derechos y libertades, tiene un impacto importante en las vivencias y en el desarrollo de la identidad y sentido de pertenencia. Las personas apátridas refugiadas, deben tener derecho a la plena participación en la sociedad en la que viven, en igualdad de condiciones. Como comenta Salka, la aceptación por parte de los estados acogedores es la base fundamental para que exista una inclusión social, laboral y política real de las personas apátridas desplazadas.