La extorsión es uno de los delitos más generalizados alrededor del mundo. Ha sido la estrategia y modelo de negocio implementado por varios grupos del crimen organizado desde hace mucho tiempo, y hoy continúa violando los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en todo el mundo.
La economía basada en la extorsión es una herramienta para infundir miedo y ejercer control, y es utilizada en mercados lícitos e ilícitos por igual. Sin embargo, debido a los retos legales –con frecuencia insuperables– para atacarla, o la absoluta falta de legislación para enfrentarla en algunos países, el Fellowship en Resiliencia se propuso apoyar respuestas comunitarias frente a la extorsión y buscar formas innovadoras para fortalecer la resiliencia ante este delito en comunidades en riesgo.
Desde Guatemala hasta Indonesia, diez fellows fueron seleccionados por sus proyectos que abordaron problemas sistémicos que han hecho de la extorsión algo normal en sus comunidades. La falta de denuncias, la desconfianza en las autoridades, la marginación de las víctimas y la falta de una clara distinción entre estas y los perpetradores plantearon varios problemas que los Fellows se dispusieron a abordar con apoyo del Fellowship, una iniciativa del Fondo Resiliencia.
Este informe multimedia resume los proyectos de los Fellows y los resultados que han conseguido con sus iniciativas en diez comunidades del mundo, cada una con retos estructurales y de crimen organizado específicos.
A través de una serie de diálogos, los Fellows también colaboraron en una declaración conjunta que destaca los ecosistemas de extorsión y su impacto en estas comunidades.
Ponelo Kalonga | Activista por los derechos de la mujer | Zomba, Malaui
El proyecto de Ponelo consistió en estudiar la forma en que los jóvenes, especialmente las mujeres en Zomba, un poblado ubicado en el sur de Malaui, eran extorsionadas o «sextorsionadas» para mantener sus empleos. Malaui no cuenta con leyes específicas que persigan la extorsión, por lo que Ponelo identificó que su campaña para romper con la cultura del silencio alrededor de este delito era particularmente pertinente para la sociedad malauí al elevar el perfil de esta forma de crimen organizado al de una amenaza para los malauíes.
Trabajó con grupos locales de apoyo a víctimas y a jóvenes para incrementar su alcance y animarlos a reportar los casos de extorsión, normalizada en varias partes de Malaui. Su campaña se dirigió a los agentes de policía y a los periodistas para sensibilizarlos sobre el origen y el arraigo de la extorsión en las comunidades malauíes.
Al final del su proyecto, Ponelo había alentado a cinco víctimas a compartir sus experiencias. Ponelo presentará su trabajo en el Foro Mundial de la Juventud 2022 en Egipto y en el Modelo de la ONU para futuros líderes en Turquía.
Vandalark Patricks | Defensor de los derechos humanos | Monrovia, Liberia
El enfoque de Vandalark para enfrentar la extorsión en su comunidad involucró trabajar con los perpetradores, quienes también son víctimas de opresión socioeconómica. Muchos de ellos son niños soldados olvidados de la guerra civil en Liberia, los zogos, que representan a una clase marginada y estigmatizada en la sociedad liberiana. El equipo de Vandalark orientó y rehabilitó a siete miembros de los zogos al mismo tiempo que organizaba una campaña para combatir la extorsión en Liberia. Otro componente de su proyecto estuvo dirigido a la construcción de confianza entre las autoridades y la sociedad civil.
Nukila Evanty | Activista por los derechos indígenas, ambientales y de la mujer |Riau, Indonesia
El crecimiento de la industria del aceite de palma en Indonesia ha tenido un enorme costo y ha traído sufrimiento a muchos pobladores indígenas. El proyecto de Nukila analizó la forma en que las grandes compañías utilizan la fuerza y amenazan a las comunidades indígenas para que cedan sus tierras a las plantaciones de aceite de palma. Activó un mecanismo que permite a las personas reportar este tipo de extorsión corporativa, capacitó en su uso a ocho miembros de la comunidad, los sensibilizó sobre el marco legal y formó una coalición con varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con temas como la protección del medioambiente y los derechos humanos.
Nukila sigue aprovechando la fuerza colectiva de esta coalición para ejercer presión contra la extorsión de tierras en las comunidades indígenas de Riau. También ha sido invitada a formar parte de un panel parlamentario en Indonesia que busca regular la industria del aceite de palma.
Milos Katic | Experto en finanzas forenses | Novi Sad, Serbia
Milos implementó una campaña a nivel nacional en Serbia para ayudar a contrarrestar la extorsión, concepto ampliamente conocido como «latrocinio» en su país. Con el apoyo de un abogado, Milos se acercó a instituciones judiciales y entrevistó a víctimas para identificar lagunas en el acceso a la justicia y el registro de datos. Desarrolló videos didácticos para el público serbio y trabajó con periodistas para ampliar su entendimiento de la extorsión.
Vania Pigeonutt | Periodista de investigación | Guerrero, México
Vania utilizó sus habilidades periodísticas para apoyar a pequeños comerciantes y a sus familias en el estado de Guerrero, en la Costa Pacífica mexicana. Su objetivo fue desarrollar mecanismos efectivos de denuncia para víctimas de extorsión, colaborando con comunidades en Acapulco, Chilpancingo y Ciudad Altamirano. Sus hallazgos han sido compartidos en muchas plataformas públicas, incluidos seminarios web, pódcasts, talleres y medios. Vania continúa apoyando a los pequeños comercios ayudándolos a tener acceso a la justicia y alertando al público de la amenaza que representa la extorsión.
Valeria Cerpa | Arquitecta y urbanista | Arequipa, Perú
Valeria es urbanista y analista de datos. Su familia ha sido víctima de extorsión, lo que impulsó su interés en este mercado criminal. Valeria investigó las formas de extorsión que prevalecen en Latinoamérica y se enfocó en la ciudad de Arequipa en Perú. Desarrolló un portal web de acceso a la información que contiene datos geolocalizados de crímenes en Perú, incluidos de extorsión. Valeria busca utilizar esta información para mejorar las iniciativas de planificación urbana y conectar organizaciones con ideas afines, como Lima Cómo Vamos y Data Science Research.
DK | Fotoperiodista | Ciudad de Guatemala, Guatemala
DK abordó la falta de apoyo psicológico a la que se enfrentan muchas víctimas de extorsión. El Fellowship le brindó la oportunidad de estudiar el trauma generado por la extorsión y considerar formas potenciales de terapia no ortodoxas, como el psicodrama, que pudieran aplicarse para ayudar a las víctimas. DK utilizó como ejemplo a las viudas de los conductores del trasporte público que han sido víctimas directas de la extorsión. En paralelo, ha estado produciendo un documental con diferentes perspectivas que cubre el ecosistema de la extorsión y su impacto en Guatemala desde el punto de vista de las víctimas, miembros del gobierno y perpetradores.
Zia-ur-Rehman | Periodista de investigación | Peshawar y Karachi, Pakistán
Utilizando su experiencia y habilidades como periodista de investigación, Zia estudió y documentó el nivel de extorsión que comerciantes de Peshawar han enfrentado al cruzar la frontera con Afganistán. Durante su proyecto encontró un miedo profundamente arraigado entre las víctimas, especialmente entre comerciantes locales, así como una completa falta de confianza en las autoridades para denunciar este delito. Los relatos de Zia han sido publicados en medios locales y nacionales de Pakistán.
Juvénal Twaibu Bilongwe | Abogado y activista | Uvira, Kivu Sur, República Democrática del Congo
Juvénal se enfocó en la movilización comunitaria en la región Uvira, en Kivu Sur, en la República Democrática del Congo. Su proyecto usó los medios de comunicación para presionar a las autoridades para que tomaran acciones en contra de la extorsión con el fin de provocar cambios positivos en los perpetradores y en las comunidades de las que abusan. Juvénal, que tiene amplia experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos, ha puesto en marcha una serie de capacitaciones para las comunidades, a fin de que puedan tener un mejor entendimiento sobre la forma en que pueden exigir sus derechos. También ha involucrado a defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil locales para apoyar a estas comunidades en su lucha contra la extorsión.
Riana Raymonde Randrianarisoa | Periodista de investigación | Antananarivo, Madagascar
El proyecto de Riana en el distrito Betroka de Madagascar tiene el objetivo de apoyar a todos los actores involucrados en la lucha contra la extorsión. Formada como periodista, Riana produjo una serie de herramientas clave, incluida una guía para entender la extorsión y cómo combatirla, y un cortometraje promocional en defensa de los intereses de las víctimas y su reconstrucción social. Dirigió talleres con varios actores, entre ellos periodistas, miembros de la comunidad y autoridades locales, y produjo un documental de investigación para denunciar las malas prácticas y mitigar el impacto negativo de la extorsión en la vida diaria de los pobladores locales.
Necesitamos acciones para terminar con la extorsión. ¡Ahora!
La extorsión oprime y daña comunidades en todo el mundo.
Quienes la padecen viven con miedo pues sus vidas y medios de sustento se ven amenazados, así como sus propiedades, reputación o estilo de vida, que sufren daños o son destruidos. Las autoridades han hecho muy poco para acabar con la extorsión, atender sus causas y ayudar a todas las personas que sufren sus efectos.
La falta de acciones efectivas solo ha empeorado el sufrimiento –físico, psicológico y económico– de las víctimas. Los efectos que más dañan a las comunidades incluyen desalojos forzados, acaparamiento y pérdida de tierras ancestrales, siendo los más vulnerables los grupos indígenas, los jóvenes y las minorías.
El hecho de que el gobierno no tome medidas contundentes obliga a las víctimas a aceptar la extorsión no como el delito que es, sino como un obstáculo más que enfrentar en la vida. Quienes son extorsionados tienen el derecho de solicitar ayuda sin miedo, tienen derecho a la justicia.
Como profesionales que trabajamos para poner fin a la extorsión, hacemos un llamado a las autoridades en todos los niveles y poderes del gobierno, en todos los países y a nivel multilateral, para que se haga más para poner fin a este crimen. Estas son nuestras peticiones urgentes:
- Llevar a cabo investigaciones para mejorar las bases de información. Los gobiernos deben realizar y promover investigaciones que sirvan para identificar las causas que originan la extorsión y el crimen organizado en las comunidades, y tomar medidas efectivas para abordarlas. Las acciones legislativas y la aplicación de la ley tendrán poco impacto si estos problemas se ignoran. La investigación también puede contribuir a identificar dónde se necesitan más recursos para hacer frente al crimen organizado y a la extorsión.
- Reforzar la aplicación de la ley. El gobierno debe mejorar el sistema judicial y la aplicación de la ley. Las leyes contra la extorsión son de poca utilidad si no se hacen cumplir. Las autoridades pueden implementar acciones a través de coaliciones o colaboraciones con comunidades donde la extorsión causa daño y miedo.
- Apoyar, no victimizar. Los denunciantes ya son víctimas de un crimen, y nunca deben ser victimizados por el proceso judicial cuando solicitan ayuda a las autoridades. Como el delito de extorsión puede asociarse con otros delitos como desaparición forzada, homicidio, feminicidio y secuestro, es necesario que las consecuencias sean investigadas exhaustivamente y que las víctimas tengan acceso a un apoyo integral, que incluya asistencia psicológica cuando se requiera.
- Participación de los jóvenes. El acercamiento con los jóvenes es otra área que requiere atención, para abordar los problemas que estén enfrentando aquellos que se encuentren vulnerables a la extorsión y quienes puedan verse atraídos por esas actividades criminales. Una acción efectiva sería que las instituciones académicas facilitaran y promovieran el servicio comunitario por parte de los estudiantes, incluyendo asesoría entre pares y campañas de concientización, para desactivar actividades criminales y extorsiones que involucren a jóvenes en etapas tempranas.
- Acabar con la impunidad. Las personas deberían contar con mecanismos de fácil acceso para denunciar la extorsión como parte de un proceso que lleve a una investigación exhaustiva y eficiente. Se debe dar seguimiento a las denuncias de la comunidad y perseguir los delitos aun cuando hayan sido cometidos por oficiales, compañías, partidos políticos u otros en posición de poder. Las víctimas tienen derecho a la justicia como resultado de este proceso.
- Mejorar la cooperación transfronteriza. Los gobiernos deberían desarrollar estrategias y mecanismos para trabajar conjuntamente en el combate a la extorsión transfronteriza, incluyendo la cooperación pertinente en materia de inteligencia y aplicación de la ley, para asegurar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad.
- Construir redes de confianza. Los esfuerzos para poner fin a la extorsión pueden beneficiarse sustancialmente de la cohesión social y esto debe fomentarse a través de la construcción de confianza. Los ciudadanos juegan un papel muy importante en la protección de sus comunidades, pero para que exista cohesión entre autoridades y comunidad debe haber confianza mutua. Los ciudadanos deben ser capaces de confiar en los esfuerzos y la voluntad de las autoridades locales para reducir la extorsión y llevar a los perpetradores ante la justicia.
- Hacer justicia. Exigimos justicia para las víctimas de extorsión. Los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y rendir cuentas.
Es fundamental que las autoridades actúen de inmediato para atender estas demandas y que nuestras comunidades sean respetadas.
Una acción efectiva frente al crimen organizado y la extorsión depende del compromiso y la participación de los ciudadanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, así como de quienes trabajan en el diseño de políticas públicas, del gobierno y las agencias de seguridad. Organizaciones de la sociedad civil y defensores han señalado estos problemas y han trabajado para dar voz a quienes más sufren, pero los gobiernos no han hecho lo suficiente.
Ahora es el momento para que las autoridades también hagan su parte.
Firmado por los Fellows de la promoción 2021 del Fondo Resiliencia de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime:
- Nukila Evanty, Women Working Group, Indonesia
- Ponelo Kalonga, Fundación Save the Village Youth, Malaui
- Vania Pigeonutt, periodista, México
- Vandalark Patricks, Campaigners for Change International, Liberia
- Miloš Katić, Vojvodina Investigative and Analytical Centre (VOICE), Serbia
- Zia Ur Rehman, periodista e investigador, Pakistán
- Riana Raymonde Randrianarisoa, Red de periodistas de investigación de Madagascar, Madagascar
- Juvénal Twaibu Bilongwe, Independent Centre for Strategic Research and Studies, República Democrática del Congo
- DK, periodista, Guatemala
- Valeria Cerpa, arquitecta, Perú
Background
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) es una organización internacional sin fines de lucro que comprende una red de más de 500 expertos regionales e internacionales independientes que trabajan con temas de derechos humanos, democracia, gobernanza y desarrollo. Los miembros de la red incluyen a prominentes representantes de la aplicación de la ley, la gobernanza y el desarrollo que trabajan en estrategias y respuestas para hacer frente al crimen organizado.
El Fondo Resiliencia, el principal mecanismo de concesión de subvenciones de GI-TOC, apoya a miembros de la sociedad civil y comunidades que trabajan para mitigar el impacto de la gobernanza criminal y la violencia alrededor del mundo.
El Fellowship en Resiliencia forma parte de los esfuerzos del Fondo Resiliencia para fomentar y construir resiliencia en comunidades afectadas o amenazadas por la gobernanza criminal. Los Fellows de la promoción 2021 han desarrollado iniciativas contra la extorsión en diversos lugares del mundo, documentando sus causas y efectos y dando voz a los afectados por este delito.